Como monumentos a lo superfluo, unos 20.000 molinos de viento se han erigido estos últimos años por las tierras de España. La cifra da vergüenza. Públicamente casi ningún medio se atreve a darla y a denunciar el daño que los campos de enormes aerogeneradores (y de horrendas placas solares) infligen a los paisajes rurales.
En los dos primeros meses de este año, enero y febrero, muy ventosos en la Península, la electricidad de origen eólico fue la más importante y llegó al 26,1 % de toda la producción española. Los beneficiarios —véase el Qatar Holding que, con casi el 10 %, es el mayor accionista de Iberdrola— se llevaron nada menos que 495,8 millones de euros de ayuda pública*. Un récord de subvención, aunque las compañías quieren más y se quejan de que el gobierno rebajó recientemente unos céntimos la prima por kWh producido (de 4,187 céntimos de euro por kWh en Enero de 2012 a 3,88 céntimos de euro en Enero de 2013).
Como los intereses de grandes compañías y de grandes accionistas son los que mandan, y como salvar al planeta del CO2 ha sido el más común leitmotif de la política de la Unión Europea, la burbuja del viento resiste y difícilmente revienta.
*le siguieron en el costo de estos dos meses la solar fotovoltaica, con 369,5 millones de euros; la cogeneración, con 332,2 millones; la obtenida de residuos, con 80 millones, y la termosolar, con 78,5 millones.